Los usuarios cambian de proveedor, normalmente, para conseguir un Terminal nuevo
España es el país europeo con un mayor índice de portabilidad; en Enero casi millón y medio de usuarios solicitaron el cambio. Un estudio realizado por la cadena The Phone House ha puesto en práctica algo ya supuesto y conocido por las operadoras de telefonía móvil: la principal motivación del usuario para portar de un operador a otro está en el deseo de cambiar de teléfono móvil y no el problema en el servicio ofrecido al usuario.
Sin embargo, el estudio deja claro que la decisión de cambio viene acompañada, además, por la tasa de precios, ofertas y promociones que realicen las operadoras.
Esta es la realidad en un país que lidera la portabilidad en Europa según datos de la Comisión Europea: más de nueve millones de usuarios han cambiado de proveedor de servicios en algún momento.
Más de 31 millones de europeos han hecho valer sus derechos a cambiar libremente de empresa, bajo la legislación comunitaria de telecomunicaciones, según el último informe presentado la semana pasada.
Los españoles son los que más se han aprovechado de esta portabilidad libre. En el lado contrario de la estadística se sitúan Portugal y Luxemburgo. En estos países en los que las compañías deben pagar un canon por ‘atrapar’ a un cliente de la competencia y, por lo tanto, el cambio de proveedor no es tan habitual.
En España, casi medio millón de usuarios cambiaron en Enero. La cifra se ha disparado básicamente por la aparición de los nuevos operadores virtuales.
En febrero, Vodafone rompió una tendencia que le mantenía como el operador más beneficiado por la portabilidad al perder 4.074 clientes, mientras que Euskaltel ganó 76.845, fruto de la ruptura de su acuerdo con Orange.
Según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Movistar, que en el mes anterior tuvo un saldo negativo de 29.092, cerró el mes de febrero con un saldo positivo de 3.971 clientes.
El cuarto operador Yoigo obtuvo por portabilidad 6.875 clientes netos y los virtuales perdieron 69 clientes netos, al ganar 471 y perder 540.
REACCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.
Ante una situación de cambio contínuo de operador, las empresas estudian nuevas formas de penarlizar a los ‘transfugas’.
Vodafone, por ejemplo, ha decidido que van a cambiar el modo de castigar a quienes, tras haber firmado un contrato con cláusula de temporalidad, decidan darse de baja antes de cumplir el plazo contemplado.
Hasta ahora, Movistar, Orange y Vodafone sancionaban con 150 euros a los usuarios que se dieran de baja unilateralmente antes de 18 meses.
Ahora, Vodafone plantea aplicar tres tramos y calcular la penalización en proporción al tiempo que le quede al usuario para cumplir el plazo previsto. Orange hará lo mismo.
Sin embargo, la legislación española confirma que el usuario tiene derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización cuando no acepte las nuevas condiciones contractuales que le plantee el proveedor de servicios, así como su derecho a ser informado con un mes de antelación de los cambios que se vayan a incluir en los contratos.
La mayoría de los contratos de usuarios de teléfono móvil, sea del operador que sea, se ha visto modificados como reacción a la prohibición gubernamental de aplicar el redondeo y obliga a cobrar por segundos.
Otra forma, más bestia, de luchar contra la portabilidad parece haberla usado Orange. Euskaltel ha denunciado esta semana a la empresa gala porque, según publicó en una nota de prensa, había cortado el servicio a diez mil clientes que habían decidido seguir con ellos.
Según Euskaltel “desde el mismo día 1 de abril, Orange ha cortado el servicio de llamadas a cerca de 10.000 clientes que habían solicitado su portabilidad desde el día 27 de marzo y estaban pendientes aún de su ejecución efectiva», por lo que le reclamó de forma «expresa y urgente (…) el cese inmediato de esta actuación que va en perjuicio de los clientes».
Esas 10.000 personas habían formalizado por escrito su solicitud de paso a la red de Euskaltel, si bien el contrato había sido firmado en los últimos días -entre el 27 y el 31 de marzo- y los ordenadores de la filial de France Télécom aún no habían procesado la instrucción. Fuentes de esa empresa han asegurado que el problema se resolvería a la mayor brevedad.
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Artículo publicado en Diario de Noticias el 6 de abril de 2007