A pocos meses de las elecciones, el nuevo canon digital, que graba todos los dispositivos capaces de grabar contenidos protegidos por ley de propiedad Intelectual, se ha convertido en uno de los principales temas de discusión política.
Entidades privadas, como la SGAE, ingresarán 115 millones de euros en 2008 gracias al nuevo canon, que se ha mostrado claramente inútil como medida de lucha contra la piratería (que ha crecido un 60% desde su entrada en vigor en 2003.
Cuando a los políticos no se les ocurre cómo solucionar un problema, imponen tasas. ¿Qué contaminamos mucho? Ponemos un impuesto a la gasolina porque los coches contaminan. ¿Que en las ciudades hay muchos coches? Pues nos planteamos copiar a Londres y poner un peaje para entrar con el coche en las ciudades.
¿Qué los autores ven cómo su obra se piratea? Pues ponemos un canon a todos los equipos y dispositivos capaces de grabar o reproducir contenidos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.
El nuevo canon entra ahora en vigor. Los nuevos dispositivos tecnológicos han conseguido que se escuche más música que nunca, que se vea más cine uqe nunca, que los ingresos obtenidos por los cantantes en los conciertos se disparen… Pero no importa: la lucha contra la piratería se realiza aplicando un impuesto compensatorio indiscriminado, que presupone que toda la ciudadanía realiza actos ilegales y que no soluciona el problema.
Desde que el pasado día 20 de diciembre el Congreso aprobó el nuevo canon digital, el debate sobre este impuesto ha regresado a la calle. Costará a todos los consumidores un total de 115 millones durante los próximos doce meses. 67 millones de euros únicamente en CDs, DVDs y teléfonos móviles.
Los discos duros extraíbles cuestan ya 12 euros más (25% de incremento), las grabadoras de DVD 3,5 euros más y, sorprendentemente, los teléfonos móviles que dispongan de MP3 1,5 euros.
El Gobierno ha rebajado el canon que grava al CD y el DVD, pero, en cambio, ha impuesto una tasa a aparatos como el MP3, el teléfono móvil o la tarjeta de memoria USB del ordenador, además de subir la que pagan gran parte de las fotocopiadoras.
La jugada no es mala, vista sobre todo desde el punto de vista de las sociedades generales de autores. Rebajan ligeramente algunos dispositivos, para cargar de tasas aquellos otros que suponen un superéxito de ventas, como el teléfono móvil.
Eso, a pesar de informaciones como el estudio realizado por la firma Sigma 2, según el cuál el 72% de los usuarios de un móvil con capacidad para reproducir música no utiliza nunca o casi nunca esta utilidad”.
La consecuencia es clara. Con el nuevo canon, aprobado por el Gobierno las entidades de gestión (50% la SGAE, aproximadamente), recaudarán por los equipos de grabación digital, un 75 por ciento más.
Se da la circunstancia de que todos estos impuestos van a manos de entidades privadas, que no dan cuenta de sus acciones ni del modo en que reparten los ingresos tremendos que reciben por este canon.
Debate político
El debate sobre el canon está en la calle, pero los partidos políticos han tomado posición porque saben que es un tema que puede generar simpatías o antipatías a pocas semanas de unas elecciones generales.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dejado claro que no le presenten una opción mejor, seguirá apoyando el canon. “Un gobernante tiene que mirar por el interés general y el interés general es respetar los derechos que se derivan de la propiedad intelectual”, advirtió.
El PSOE abrió en su web un espacio en el que ofrecía diferentes medidas a tomar, y solicitaba a los ciudadanos que indicaran cuál era la que más les agradaba para conseguir ‘La mirada positiva’. La supresión del canon fue la opción más votada.
El Partido Popular también ha adoptado una posición curiosa. Está en contra del canon. Mariano Rajoy, candidato a presidente, pretende enarbolar la bandera de la lucha contra esta medida.
Ahora mismo, la postura del PP huele más a electoralismo que a otra cosa. Quizá, para resultar más creíble, debería dar alguna explicación más de las que está dando sobre los motivos que le llevan a oponerse radicalmente.
Respecto a los demás partidos políticos ICV mostró su rechazo a la aprobación del canon, CHA, CiU e IU lo apoyaron y los demás partidos políticos (BNG, PNV y ERC) se abstuvieron.
Reacciones en cadena
Las reacciones al canon han sido diversas. Desde la Asociación de Empresas Tecnológicas (AETIC), su presidente Jesús Banegas señala que “el próximo Gobierno eliminará este canon, sea cual sea el partido que gane las elecciones, porque resulta insostenible, anacrónico y estrafalario».
Según Banegas, el canon invitará a comprar tecnología en otros países en los que no hay que pagarlo, como Portugal, Reino Unido o Italia. O a hacerlo en aquellos establecimientos alternativos. No en vano, una tarrina de diez CDs puede costar un 60% más en un establecimiento que siga los cauces normales, que en otro (chino o no), que haya utilizado canales de importación que le eviten pagar el canon.
“España no tiene un problema de canon sino de piratería. El Gobierno debe buscar un medio de combatir ese fraude en lugar imponer un gravamen injusto, desproporcionado e indiscriminado” para compensarlo, concluye Benegas.
Martín Pérez Sánchez, presidente de Asimelec –patronal de fabricantes de equipos digitales- apunta que “desde que se impuso el canon en 2003, el fraude se ha disparado. Más del 60% de los CD y los DVD vírgenes que se venden no lo pagan. No estamos en contra de los autores, pero es necesario buscar otras fórmulas más acordes con las nuevas tecnologías. No se puede fijar una compensación mínima a priori por un daño que aún no se ha producido”.
La SGAE, satisfecha
Desde la SGAE, la satisfacción es clara. Centenares de autores han firmado un manifiesto en el que agradecen al Congreso de los Diputados su apoyo al canon digital y “su firme compromiso con la cultura y con los derechos de autor”.
Quizá no se dan cuenta de que grabar cualquier dispositivo digital dificulta el desarrollo tecnológico de un país… La SGAE quería aplicar el canon a las líneas de banda ancha. Medida curiosa en el país de Europa donde más cara resulta. Es como poner un impuesto a los lapiceros en un país en vías de desarrollo, únicamente porque el lápiz se puede utilizar para duplicar una obra protegida.

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